Carlos Morel - Payada en una pulpería
La ley de vagos y mal entretenidos, era una ley que permitía al Juez de Paz controlar los salones de bailes, de juegos y diversión, como las pulperías, para arrestar a todos los presentes que no tenían trabajo ni residencia fija.
Generalmente se consideraban vagos a los gauchos que vivían de la doma y yerra y que se desplazaban de estancia en estancia, cuando algún patrón los requería para ese tipo de servicio.
El juez iba acompañado de la fuerza pública, la policía de la zona, y pedía inicialmente la libreta de conchabo, para demostrar que trabajaba en una estancia, la cual nació durante la presidencia de Bernardino Rivadavia con fines de reprimir la vagancia y sumar mano de obra para el trabajo de las tierras, que el gobierno había entregado en alquiler a particulares.
La mala fama que tenía el gaucho se debía a su extrema libertad, ya que no concebía la vida sedentaria ni trabajar años y años bajo un patrón.
El testimonio de un juez de paz constituía prueba única y suficiente para calificar de vago, quien era castigado con la reclusión de dos a seis años en un alejado fuerte fronterizo militar para luchar contra el avance del indio.
Esos controles, estaban ubicados en lugares inhóspitos, sin comodidades y muchas veces casi sin comida, pues los envíos de provisiones eran esporádicos y no aseguraban la alimentación de los soldados.
Durante el gobierno de Bernardino Rivadavia se solicitó un empréstito en Londres, por 1.000.000 de libras, con la firma Baring Brothers. Este empréstito, considerado la primera deuda externa argentina, se solicitó para financiar obras públicas que no se realizaron.
La operación se concretó en 1824, pero el monto recibido (en su mayor parte, en letras) quedó reducido a 560.000 libras, luego de haberse descontado los intereses por dos años, las comisiones y otros gastos. Como garantía, se hipotecaron las tierras públicas. Luego de sucesivas suspensiones del pago de los intereses y de renegociaciones, el préstamo se saldó recién en 1904.
Con respecto a las tierras - inmovilizadas en manos del Estado como garantía de la deuda pública - fueron entregadas en enfiteusis o en alquiler a particulares, por una renta o canon anual que, además de bajo, fue difícil de recaudar.
Este sistema puso a disposición de comerciantes, ganaderos y funcionarios enormes extensiones de tierras, en forma casi gratuita.
Ante la falta de mano de obra para trabajar esas tierras, el gobierno insistió en la legislación que exigía, con el fin de reprimir la vagancia, portar la famosa “papeleta de conchabo” a los fines de demostrar que trabajaba formalmente bajo un patrón.
Fuente Colección El Bicentenario Fascículo N° 3 Período 1850-1869, nota de la historiadora María Victoria Camarasa
